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x Patxi Ibarrondo
De la web Otra Realidad  

 

 
 

Caja Cantabria condenada por espiar la intimidad de sus empleados

La Audiencia Nacional aumenta la multa de 20 millones sancionada por la Agencia de Protección de Datos, por desvelar datos personales.
Los directivos de la entidad pública encargaron a una agencia averiguar a qué partidos votaban, entre otras cuestiones confidenciales.
Los políticos callan en el parlamento: sin embargo, el PP, PSOE-P y PRC se reparten la representación en el Consejo de administración que preside Carlos Saiz.

La Audiencia Nacional acaba de condenar a Caja Cantabria al pago de 20 millones de pesetas (su equivalencia en euros). La sentencia suma a esa cuantía los intereses devengados desde el momento en que se produjo la multa de la Agencia de Protección de Datos (APD) a esta entidad financiera, por vulnerar la ley que protege la intimidad y confidencialidad de la vida privada de las personas. Aunque no se ha logrado saber con qué fines concretos, está claro que a los directivos de Caja Cantabria les interesaba sobremanera, en agosto de 1998, saber la filiación ideológica de sus trabajadores y además otras cosas como su estado de salud.
La ratificación y aumento de la condena anterior por la APD se ha producido precisamente por una razón calificada de "grave" en la sentencia de la Audiencia Nacional. Según los términos de la misma, ha quedado probado que Caja Cantabria abusó de la confianza de sus empleados e impositores, requiriendo datos confidenciales de manera ilegal. El método escogido fue la planificación y puesta en marcha de una encuesta generalizada, encargada a una empresa de Madrid denominada Vox S.A.
Vox S.A. llegó a efectuar 1.200 encuestas en unas pocas horas, gracias a que la propia Caja Cantabria facilitó el domicilio y el teléfono de sus trabajadores, así como de algunos clientes, que obran en sus ficheros.

     

Todos los detalles de esta información fueron ofrecidos en el número 27 del desaparecido periódico "la Realidad", en la semana del 7 al 13 de agosto de 2000. Ello motivó la indignación de Carlos Saiz y su equipo directivo; algo que, sin duda, fue un motivo más para que éste decidiera perseguir judicialmente, hasta hacerlo desaparecer al amparo de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del Partido Popular, a ese semanario crítico e independiente que, en esta ocasión como en otras, sacaba a relucir la gestión turbulenta y errática de este controvertido personaje desde que ascendió a la presidencia de la principal entidad de ahorro cántabro.
Cabe añadir que todavía siguen su trámite en los tribunales de justicia otros oscuros asuntos, como la compra de acciones de la empresa INDRA a un valor muy superior al precio del mercado o la venta a precio irrisorio de un piso de lujo en la madrileña plaza de Cibeles a la ex ministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante y otros de similar envergadura.
Sorprendentemente y a pesar de la gravedad de la cuestión, ni esta condena ni la anterior han tenido ningún reflejo en el parlamento cántabro. La oposición no ha pedido cuentas por el atentado a la confidencialidad de los empleados de Caja Cantabria. Ello no habla precisamente a favor de la voluntad de transparencia y, por el contrario, es elocuente en cuanto a la red de complicidades establecidas entre bastidores y al margen de la ciudadanía que representan.
Tampoco se ha dado en ningún momento, por parte de los máximos responsables de la gestión de Caja Cantabria, ninguna explicación de estos devaneos antidemocráticos y vulneradores del secreto debido a sus clientes impositores, que tienen depositados ahí sus ahorros. El quebranto de casi 30 millones debido a la condena judicial, se salda así a beneficio de inventario. Entre las formaciones PP, PSOE-P o PRC han levantado el muro de silencio que ya es habitual en lo que concierne a los entresijos y los tejemanejes económicos de esta entidad pública.
Para obtener todos los pormenores de la información de "la Realidad", con la historia del sobresalto de los empleados al recibir llamadas sobre sus datos personales en sus domicilios particulares, su decisión de denunciarlo ante el Comité de Empresa y éste a la Agencia de Protección de Datos basta con
pinchar aquí (archivo PDF - 135 k).

 

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