Make your own free website on Tripod.com

 

   

VOLVER

 

 

Origen de la noticia:

 

La Audiencia Nacional comunica a la Fiscalía holandesa que las denuncias por torturas “son inconsistentes” y “absolutamente falsas”

 
En una carta remitida por la Audiencia Nacional a su homóloga holandesa, Ang Lee, el fiscal Enrique Molina insiste en que la inconsistencia de las denuncias por torturas es tal “que ninguna prospera”. Molina insiste en que las denuncias son utilizadas en el ámbito internacional para criticar al Estado español de forma “absolutamente falsa y tendenciosa”. Precisamente ayer, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas presentó su último informe sobre la tortura en el Estado español, donde vuelve a manifiestar su preocupación por la existencia de esta práctica, así como el trato dispensado a las personas inmigrantes o las dinámicas inhumanas del régimen FIES. En la foto, el joven vasco Unai Romano tras su paso por dependencias policiales españolas.

Mientras el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas presentaba ayer su último informe sobre la práctica de la tortura en el Estado español, la Audiencia Nacional –uno de los organismos que la permiten y amparan– sigue insistiendo a escala internacional en la “inconsistencia”, “falsedad” y nula relevancia de las denuncias por torturas y malos tratos presentados por ciudadanos vascos, personas immigrantes o presos sociales.


En una carta remitida el pasado mes de abril a su homóloga holandesa Ang Lee, en el marco del proceso de extradicción contra el ciudadano catalán y activista de los movimientos sociales Juan Ramón Rodriguez, el fiscal Molina escribe que “es práctica habitual –aconsejada en el “Manual de qué hacer en caso de detención" distribuido por Gestoras Proamnistía, organización vinculada a ETA–, la denuncia por parte de los miembros de ETA de haber sufrido torturas tanto en dependencias policiales como judiciales. La inconsistencia de tales denuncias es tal, que ningún caso prospera, a pesar de lo cual son utilizadas en el ámbito internacional para denunciar al Estado español de forma absolutamente falsa y tendenciosa”.


Sólo en enero de 2001, 14 policías condenados por torturas fueron indultados por el Gobierno español, aspecto que también recoge –y denuncia– el informe del CAT como motivo de preocupación. El manual al que hace referencia el fiscal de la Audiencia Nacional es una recopilación de los derechos legales que asisten a los detenidos y, como organismo antirepresivo, Gestoras recomendaba denunciar siempre cualquier tipo de maltrato, coacción o violencia psíquica y física para evitar la impunidad policial y el mantenimiento de la lacra de la tortura.


Al menosprecio mostrado por la Audiencia Nacional hacia los 6.000 ciudadanos vascos –5.000 según Amnistía Internacional– que en los últimos años han denunciado haber sido torturados, cabe sumar el veto y la “confidencialidad” que el Ejecutivo de Aznar mantiene sobre el último informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa sobre esta práctica en el Estado español.


El fiscal Enrique Molina fue el mismo que sostuvo, en una misiva similar remitida a la misma fiscal, que la organización decana del neonazismo español, CEDADE, era una "organización empresarial". Esta información fue publicada por KALEGORRIA en su último número.

VOLVER