Imanol INZIARTE

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La delegación española que compareció ayer ante el Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT) justificó la aplicación de la incomunicación a los detenidos y repitió la teoría de que la denuncia de torturas forma parte de «la estrategia de ETA», pese a los informes acusadores del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o de organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Además, el abogado jefe del Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego, afirmó que los indultos a torturadores «son casos excepcionales», aunque según los datos de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) su número asciende a 14 en los tres últimos años. Borrego expuso sus alegaciones tras las críticas expresadas el pasado martes por los miembros del Comité, quienes calificaron de «inadmisibles» los indultos y propusieron medidas para minimizar los riesgos durante el «excesivo» periodo de incomunicación.

Según aseveró Javier Borrego, la «no comunicación» es un instrumento «perfectamente legal», su aplicación se justifica por la «necesidad de confidencialidad» en la investigaciones y no produce mayor lesión que la privación de un determinado abogado pero que, en todo caso, es «sustituido por otro de igual calidad e independencia».

El representante español llegó a acusar a diferentes entidades, entre ellas a GARA, por dejar constancia de las denuncias de torturas, y las relacionó con una supuesta «estrategia de ETA» para deslegitimar al Estado español. Mientras definía a este diario como «prensa cercana a la banda», Borrego exhibió fotocopias obtenidas de la página web de GARA. Paradójicamente, mostró como exponente de dicha estrategia la información de este diario referente a la sesión del martes en la ONU.

Respecto a la recomendación de colocar cámaras en los interrogatorios, señaló que «hace tiempo que lo venimos valorando, pero queremos hacerlo bien». En cuanto a los indultos, Borrego explicó que «no existe una política generalizada» y justificó los que se conceden porque «los hechos son de hace mucho tiempo». Achacó el retraso en los juicios a la dilación general en el sistema judicial.

Por otro lado, Javier Borrego señaló que el Estado español se compromete a publicar a corto plazo el informe realizado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) tras la visita que giró en julio de 2001.

Ponen como ejemplo el «caso Lasa-Zabala»
I.I.

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Durante su intervención, el abogado jefe del Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego, señaló que cuando se han producido casos de tortura los responsables son perseguidos y enjuiciados. Para ilustrar esta afirmación, puso como ejemplo las condenas dictadas por el «caso Lasa- Zabala».

Cabe recordar que los cinco condenados por las muertes de ambos ciudadanos vascos ­el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Gipuzkoa JulenElgorriaga, el ex teniente coronel Angel Vaquero y los ex agentes de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo­ fueron hallados culpables de sendos delitos de «asesinato» y «detención ilegal» con la agravante de «prevalerse del carácter público». Pero los cinco fueron absueltos de los delitos de «lesiones» y «torturas», pese a las solicitudes de la Fiscalía, la acción popular (Ayuntamiento de Tolosa y Asociación Contra la Tortura) y la acusación particular. Derechos Humanos, asignatura pendiente I.I.

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En su comparecencia del martes ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, el jefe de la delegación española, Fernando Manzanedo, destacó «el esfuerzo hecho ­por el Estado español­ para mejorar la formación y educación en materia de derechos humanos de funcionarios de prisiones y policías». Sin embargo, en setiembre de 2001, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado «La formación en derechos humanos de los cuerpos de seguridad y funcionarios de prisiones en España. Una asignatura pendiente».

En el capítulo titulado «Conclusiones generales» se ponen en evidencia las carencias detectadas en los programas de formación. Así se destaca que al profesorado que va a impartir docencia sobre Derechos Humanos «no se le exigen requisitos específicos» sobre dicha materia. Respecto a las promociones internas y ascensos, AI indica que «queda abierta la posibilidad de promoción o ascenso de funcionarios con conductas no respetuosas con los derechos fundamentales».