Los cinco presos comienzan hoy una huelga de hambre indefinida para denunciar el nuevo atropello que se está cometiendo contra ellos.

En el comunicado se explica que el pasado 9 de noviembre se cumplieron dos años de su detención. Tiempo suficiente para que el juez que instruye su sumario, Bruguière, haya podido comprobar, a través de numerosos interrogatorios y de pruebas periciales, la falsedad de las acusaciones que le sirvieron de pretexto para ordenar su detención sin ninguna prueba. A pesar de haber quedado todo esto demostrado en el curso de este “extraño” proceso, denuncian, “el juez instructor ha proseguido hasta agotar el plazo de los dos años que fija la ley como límite máximo, en espera de una 'reforma' de dicha ley que permitiera mantenerlos encarcelados sin que exista ningún motivo fundado”.

Asimismo denuncian que “de esta manera se muestra, una vez más, que la sentencia sobre nuestro caso ya fue dictada antes incluso de que la Policía política llevara a cabo nuestras detenciones y que lo único que están procurando es dar una apariencia judicial a aquella decisión política”. La orden de detención fue cursada por el Estado español con el fin de criminalizar a esta organización relacionándola con los GRAPO.