Las diferentes movilizaciones y actos de solidaridad con los cuatro jóvenes enacarcelados en Picassent tras el desalojo del centro social ocupado Malas Pulgas han provocado un fuerte diálogo social. En plena campaña electoral los partidos aprovechan el tema de la okupación para cargar las tintas unos contra otros.

El primero fue Joan Ribó, portavoz de IU en las Cortes Valencianas, cuando el pasado 24 de octubre llamaba en la prensa "pequeño Garzón" al juez que acusa de terrorismo a los cuatro jóvenes que se encuentran en prisión preventiva en Picassent. Al día siguiente media docena de profesores de la Universidad de València publicaban un artículo de opinión en el "Levante". Bajo el titular " Los okupas detenidos, el oportunismo político y la ley" cargaban tintas contra el Delegado de Gobierno, Juan José Cotino, anteriormente jefe de la Policía Española y el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps,(quien hasta hace poco era el Delegado de Gobierno).

Días después, el 7 de noviembre, el Partido Socialista del País Valenciano se pronunció públicamente con unas declaraciones del concejal del Ayuntamiento Pablo Gil (PSOE) quien afirmó que "la problemática okupa radica en los altos alquileres, el precio de compra de las viviendas, los trabajos temporales mal renumerados, la falta de alternativas para los jóvenes y la falta de espacios públicos".

Ante este aluvión de críticas, el PP también ha querido hacer campaña electoral y en una acto público electoralista del 7 de noviembre, el portavoz del PP Rafael Hernando instaba a Joan Igansi Pla, candidato del PSPV-PSOE, a aclarar si "es partidario de la ocupación de viviendas y chalés vacíos" en alusión a las declaraciones del día anterior. La confederación General del Trabajo también hizo público un comunicado el día 8 de noviembre en el que acusaba al PSOE de " utilizar a los okupas para atacar al PP y ganarse un espacio entre la juventud".

Por otra parte, más de medio centenar de profesores, políticos, abogados y profesionales han hecho público un manifiesto en el que denuncian la "oleada represiva que vienen sufriendo los movimientos sociales" y rechazan " que con la excusa del terrorismo se les reprima y criminalice" alo que añden que, "los centros sociales ocupados son espacios necesarios donde se realizan actividades culturales y se autogestiona cultura, ocio y espíritu crítico. A la falta de locales para los jóvenes, a la brutal especulación que padece la ciudad de Valencia, el colectivo okupa responde creando espacios de libertad donde antes sólo había casas abandonadas llenas de ratas y basura".

Los firmantes del manifiesto, entre los que se encuentran escritores de renombre, periodistas y diputados acaban diciendo que" el dossier del juez Luis Francisco de Jorge Mesas es un salto cualitativo en la criminalización de los colectivos que desde la crítica y la creatividad proponen un mundo más solidario y más libre. Ahora son los okupas del centro social Malas Pulgas, antes fueron los antifascistas de Russafa o los 52 detenidos en el desalojo del teatro Princesa donde murió un joven okupa, mañana puede ser cualquier otro colectivo de los muchos que en Valencia y en todo el Estado se oponen al capitalismo, al fascismo y a las injusticias sociales".

Por su parte el colectivo okupa piensa incrementar las movilizaciones al cumplirse un mes de encarcelamiento de los cuatro jóvenes a los que se les acusa de asociación ilícita. Los abogados también han denuciado que no les es posible practicar la defensa mientras el juez mantenga el secreto de sumario