Julen Arzuaga, miembro del
Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria-Behatokia, regresó
de Ginebra tras asistir a las comparecencias de los representantes
españoles ante el Comité Contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus
siglas en inglés). En declaraciones a los medios, Arzuaga indicó que
la delegación española 'ha intentado justificar cuestiones que desde
nuestro punto de vista son injustificables. No aceptan ningún tipo de
crítica y se han opuesto a todos los argumentos de los expertos'.
A la espera de que el CAT emita sus
conclusiones y recomendacione, Arzuaga se muestra bastante optimista
después de haber comprobado la receptividad del Comité ante las
inquietudes y denuncias presentadas contra el Estado español por
distintas organizaciones de defensa de derechos humanos. Estas
invitaron a los miembros del CAT a una reunión informativa. Arzuaga
destacó 'el interés de los expertos en conocer las preocupaciones de
las ONG'.
La delegación española compareció ante el
Comité, que se interesó, entre otros aspectos, por lo prolongado del
periodo de incomunicación. Según comentó Arzuaga, las ONG consideran
que 'una incomunicación de más de dos días presume trato cruel o
degradante'.
El Gobierno Aznar justificó esta medida
señalando que 'lo que se pretende es que la investigación no se
contamine por los contactos que pueda tener la persona detenida con
miembros de la organización armada', según explicó el representante de
Behatokia.
'Este argumento podría valer reseñó, si la
incomunicación se hiciera por medio de una comisión judicial, en
recintos separados de una comisaría, o si no se dejara a estas
personas en manos de la policía. Mientras tanto, seguiremos creyendo
que el objetivo real es el de extraer información de una manera
ilícita por medio de malos tratos'.
Respecto a los indultos, Arzuaga destacó las
'contradicciones' de Madrid, 'porque dice que no hay torturas y luego
reconoce que se han producido 58 condenas y 14 indultos'.
El abogado jefe del Estado español ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego, rechazó esas
denuncias aduciendo que formaban parte de 'la estrategia de ETA'. Para
ello exhibió, entre otros papeles, un documento que atribuyó a ETA y
que, según dijo Arzuaga, 'tiene bastante poca credibilidad, porque se
basa en un informe policial y no ha sido autentificado en ningún
proceso judicial'.
Las acusaciones de Borrego se centraron en
organizaciones vascas como Torturaren Aurkako Taldea (TAT) y Behatokia,
y medios de comunicación como GARA. 'Y no sólo criminalizó a estas
entidades subrayó Arzuaga, sino que señaló que el informe de Behatokia
estaba trasladado por un tal J.A., que está inmerso en un proceso por
pertenencia a banda armada, en referencia al proceso de Garzón en el
que, precisamente, me acusa de pertenecer al 'aparato internacional'
de Gestoras pro-Amnistía'.